• Actualmente no existen mecanismos claros para aplicar los ideales del Acuerdo de Escazú. Sin embargo, de acuerdo con el Instituto Humboldt y más de 12 investigadores de América Latina e internacionales, se cuenta con información de calidad para establecer dichos mecanismos.

América Latina y el Caribe es una de las regiones más biodiversas del mundo, pero esta diversidad biológica se ve amenazada por la sobreexplotación de los recursos naturales y los conflictos sociales internos. En 2018, 33 países de la región fueron invitados a firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú, que es el primer acuerdo ambiental jurídicamente vinculante para integrar explícitamente los derechos humanos en asuntos ambientales. Hace cinco días, Colombia aprobó el proyecto de Ley que ratifica el tratado.

El Acuerdo plantea un enfoque para mejorar la protección de los defensores del medio ambiente, aumentando la participación pública en la toma de decisiones medioambientales y fomentando la cooperación entre países para la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, muchos se preguntan cómo esto será posible.

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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe lanzó un borrador de la guía de implementación del Acuerdo, no obstante, en la guía faltan algunos mecanismos claros para la aplicación de los principios del mismo. Por tal razón en 2021, Sofía López-Cubillos, investigadora del Center for Biodiversity and Conservation Science de la Universidad de Queensland en Australia, y de la Fundación Manigua desde la Tierra (Colombia), reunió a once investigadores, en su gran mayoría de la región, para identificar las disposiciones claves del Acuerdo para luego vincularlos a mecanismos concretos.

La colaboración tuvo como resultado la publicación del artículo científico: “ El histórico Acuerdo de Escazú : Una oportunidad para integrar democracia, derechos humanos y conservación transfronteriza”.

Es importante aclarar que el Acuerdo de Escazú no establece objetivos de conservación prescriptivos, sino que brinda orientación sobre democracia ambiental, cooperación y derechos humanos, que pretende ser adaptable al contexto de cada país acorde a su legislación.Lo cierto es que la biodiversidad de importancia mundial de América Latina y el Caribe está amenazada por múltiples actividades desarrolladas por el ser humano. Entre ellas están la transformación de los hábitats naturales, la contaminación y las violaciones de los derechos humanos que están obstaculizando la capacidad de los movimientos sociales para proteger el medio ambiente.

Estas amenazas rara vez se limitan a un solo país, ya que muchos ecosistemas se comparten a través de fronteras políticas.De acuerdo con José Manuel Ochoa, Coordinador del Programa de Evaluación y Monitoreo y coautor del artículo publicado hace varios meses atrás explica que: “a medida que los activos ambientales y las amenazas que pesan sobre ellos atraviesan las fronteras nacionales, las disposiciones colaborativas y parciales del Acuerdo podrían catalizar una gestión ambiental transfronteriza coordinada.

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El Acuerdo de Escazú surge en un momento crítico, ya que puede proporcionar herramientas clave para coordinar la gestión ambiental en la región”. Según este artículo, la débil gobernanza y la falta de colaboración entre las distintas autoridades ha permitido que estas amenazas se intensifiquen. Por lo tanto, esta región enfrenta grandes desafíos para la gestión coordinada de la biodiversidad, incluido el desarrollo de capacidades de los actores sociales para lograr el cambio.

“Es por esto que con el equipo investigador consideramos que es crucial que haya claridad en torno a los mecanismos que facilitarán la integración de los artículos del Acuerdo para avanzar en la conservación de la biodiversidad y la protección de los defensores ambientales”, indicó Ochoa.

Los investigadores proponen tres mecanismos que incluyen, por un lado, soluciones tecnológicas como los datos gratuitos en línea, como por ejemplo los que ofrece el Instituto Humboldt a través de BioTablero, una plataforma donde se pueden consultar cifras e indicadores sobre la biodiversidad de Colombia que brindan contextos específicos para dar soporte a la toma de decisiones ambientales; así como aquellas basadas en las personas, por ejemplo, el aporte de las comunidades locales y las instituciones y el capital natural como el conocimiento de la distribución transfronteriza de especies y su manejo.

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Dichos mecanismos apoyan temas principales como democracia, derechos humanos y procesos habilitadores, es decir, iniciativas que ilustran la manera cómo podrían implementarse las disposiciones del Acuerdo.

Según Ochoa, “identificamos iniciativas clave que ejemplifican oportunidades para implementar las disposiciones del Acuerdo. También detallamos cómo estas disposiciones tienen un enorme potencial para facilitar la conservación transfronteriza en toda la región”.

Uno de los mecanismos más eficientes son los avances recientes en la recopilación, procesamiento y resumen de grandes volúmenes de datos -big data- relacionados con muchos problemas ambientales que no solo generan información sino que mejoran los canales de acceso. El big data puede apoyar los sistemas de información ambiental que actualmente se encuentran en el país (lo cual ha sido resaltado dentro de la guía de implementación actual), que debe ser de fácil acceso a todas las regiones del país.

Por su parte, López-Cubillos indica que “nosotros nos enfocamos en los mecanismos de implementación por dos razones. Primero porque 12 países ya lo ratificaron, por lo tanto, mostrar mecanismos en una etapa temprana del Acuerdo puede facilitar su implementación a lo largo de los años.

La segunda razón también era para mostrar todos los beneficios, a través de ejemplos, de iniciativas que ya están implementándose en la región, en materia de democracia ambiental y derechos humanos. Esto demuestra que no se vulnera la soberanía de los países, ya que son iniciativas que de hecho han ayudado a que se apropien de sus recursos de una manera más sostenible. De esta manera queremos mostrar que el Acuerdo no es ajeno y que puede, por lo contrario, impulsar dichas actividades a mayores escalas, buscando así inspirar a los países que faltan por firmar y ratificar”.

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El artículo hace énfasis en que se requieren compromisos internacionales renovados para integrar de manera más efectiva la protección ambiental y de los derechos humanos.

“Es vital que los países restantes firmen y ratifiquen el Acuerdo para fomentar los derechos humanos y ambientales en la región y maximizar las oportunidades de conservación. Más importante aún, descubrimos que muchos países biodiversos con altos niveles de violaciones de los derechos humanos y que comparten múltiples ecosistemas/especies aún no han ratificado el Acuerdo”, aseguró Ochoa.

El artículo enfatiza además que las acciones multilaterales coordinadas pueden tener inmensos beneficios para la conservación de la biodiversidad, disminuir los costos de gestión a largo plazo y mejorar las colaboraciones existentes y los mecanismos de cogobernanza que ya existen.Algunos datos sobre el Acuerdo de Escazú:

• Es el primer tratado en América Latina y el Caribe sobre derechos humanos y medioambiente
• Fue adoptado en marzo de 2018 y entró en vigencia en abril de 2021
• Obliga a los Estados a garantizar la protección de los defensores ambientales en América Latina y el Caribe (la región más peligrosa para esta práctica)
• Colombia ratificó el Acuerdo el 10 de octubre de 2022