Se ha repetido muchas veces que “el problema de la tierra” está en la base del conflicto armado de nuestro país y muchos se refieren a este asunto para enfatizar la necesidad de superar la inequitativa distribución de la propiedad de los predios rurales como base para la construcción de la paz.  Sin embargo, en la búsqueda de nuevos modelos de convivencia, es preciso considerar debidamente los procesos de ocupación y transformación del territorio del país y lo que ha significado la instauración de modelos productivos con grandes implicaciones en las condiciones de nuestra diversidad biológica y cultural.  

Los conflictos históricos de acumulación y despojo se traducen, sin duda, en una asimétrica estructura de la propiedad. Este hecho limita el desarrollo de las economías rurales y la plena realización de los derechos humanos de las comunidades étnicas y campesinas. La alta concentración de la propiedad ha estado acompañada por cambios tecnológico-productivos y por modificaciones en los arreglos sociopolíticos y culturales. Tales cambios afectan los medios de vida tradicionales y limitan el acceso y control a zonas de uso común. A escala de paisaje, las restricciones de acceso a distintas zonas de los territorios rurales son crecientes y se han modificado las posibilidades en cuanto al uso del agua, el uso de zonas de cacería, pesca o recolección, evidenciándose así la ruptura de redes de intercambio y el deterioro de economías locales.

La consolidación de la gran propiedad rural ha sido el soporte de modelos productivos con amplios efectos simplificadores de la diversidad y composición de nuestros ecosistemas. Entonces, el país ha visto la expansión de la ganadería extensiva, la colonización de los valles interandinos por cultivos como la caña de azúcar, arroz, algodón, sorgo y soya, entre otros, así como el auge de monocultivos forestales y explotaciones agrícolas basadas en tecnologías que mantienen el paradigma de la “revolución verde” con altas demandas de agua, suelo, maquinaria y energía, subsidiada en forma de insumos químicos  como fertilizantes y pesticidas.

La consideración de la forma en que nos relacionamos con la tierra, los cambios en los modelos productivos y la forma en que hemos modificado, a veces de manera profunda, la estructura, composición y funcionamiento de nuestros ecosistemas, parece apremiante cuando buscamos entender y superar las fuentes de los conflictos que nos aquejan. No se trata solo de repartir mejor la tierra sino, evidentemente, de usar mejor y de manera más sostenible nuestro patrimonio natural, de manera que siga siendo fuente de vida y base para la construcción de nuestros proyectos concertados de futuro.

   La superación definitiva del conflicto armado y, sobre todo, la disminución de la presión que éste genera sobre amplias regiones del país, deben facilitar las condiciones para impulsar modelos participativos de gestión integral de los ecosistemas y de los servicios que proveen a la sociedad. Un reordenamiento profundo en las actividades productivas que desplegamos en el territorio en función de consideraciones ecológicas, es una necesidad apremiante en el posconflicto.

Análisis desarrollado por el Observatorio de políticas públicas, alertas tempranas y proceso emergentes –Instituto Humboldt- Grupo de Investigadores: Adriana Camacho, Andrés Hernández y Carlos Tapia