Nuestra propuesta

 

GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN LOS PROCESOS DE CAMBIO DE USO DE LA TIERRA EN EL TERRITORIO COLOMBIANO

 

¡Las Transiciones Socioecológicas hacia la Sostenibilidad las construimos todos!



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Lo que debe saber



El tránsito de Colombia hacia la sostenibilidad es necesario e inevitable, y requiere del diseño, planificación y puesta en marcha de espacios posibles para la biodiversidad en el futuro de las ciudades, los paisajes rurales y la agroindustria. Por esta razón, el Instituto Humboldt reunió a sus expertos para analizar diez puntos estratégicos o procesos de cambio, que denominamos Transiciones Socioecológicas hacia la Sostenibilidad, de importancia decisiva para obtener un estado nacional de bienestar que modifique la inconveniente trayectoria actual del país en materia ecológica y social.

Lo invitamos a conocer y explorar esta publicación que adquiere un carácter fundamental en materia ambiental para la proyección de los años venideros.



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¿Qué son las Transiciones?

Es una publicación donde se encuentran conclusiones, tendencias, oportunidades, retos y obstáculos que enfrenta la gestión de la biodiversidad colombiana, en medio de un innegable escenario de transformaciones sociales y ecológicas.

Este libro se centra en la transformación de áreas silvestres; la persistencia de territorios anfibios; la creación y administración de “naturalezas protegidas”; la resistencia cultural y reconocimiento de territorios étnicos y otras colectividades; la conformación y permanencia de los paisajes rurales campesinos; la estabilización y reconversión de territorios ganaderos bovinos; el establecimiento y ampliación de los paisajes agroindustriales; la conformación de enclaves y expansión de las áreas de desarrollo minero y energético; la creación de centros urbanos y su integración en sistemas regionales; y la degradación de la tierra y la necesidad urgente de hacer rehabilitación y restauración ecológicas.



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¿De dónde surgen?

Las Transiciones Socioecológicas hacia la Sostenibilidad son resultado del trabajo de expertos que durante un largo periodo de tiempo analizaron las realidades que afronta el país en materia de biodiversidad, desarrollo y sostenibilidad. Pero, ¿los antecedentes que motivaron esta publicación?

Para empezar, el conocimiento construido en las últimas décadas, desde las ciencias biológicas, tiene potencial para renovar las prácticas ambientales ligadas al crecimiento económico o el desarrollo, y a la gestión de la biodiversidad en medio de procesos de cambio.

De allí surgieron la primera oleada de acciones enfocadas, a partir de 1992 y hasta la primera década del siglo XXI, al conocimiento, la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad que originó la relación diversidad biológica - bienestar humano, llamada también servicios ecosistémicos, concepto adoptado en la Política Nacional de Biodiversidad (1996).

Vendrían, después, la ampliación del concepto de servicios ecosistémicos hacia una valoración plural de los bienes de la naturaleza, estrategias de conservación con enfoques integrales para la gestión de la biodiversidad con diversos tipos de áreas protegidas, mosaicos, corredores biológicos, redes ecológicas e infraestructura verde en contextos de cambio del uso del suelo, fomento a la articulación de la política ambiental con sectores productivos, y participación social y comunitaria.

Llegaría, luego, el concepto de “integridad biológica” (mínima o nula intervención humana; condición deseable) que al aplicarse a nivel de ecosistemas se transformó en “integridad ecológica” (gestión de áreas protegidas) como un “servicio ecosistémico de información” reconocido en la Evaluación de Ecosistemas del Milenio (MEA) con indicadores de estado de la biodiversidad que responden al cambio.

Por su compleja aplicación en medio de cambios inevitables en los sistemas ecológicos y sociales, se propone una “integridad ecológica agenciada” basada en un estado del sistema ecológico y social definido y apropiado por la sociedad.

Ahora bien, ante los vacíos de información y umbrales de incertidumbre en torno a la gestión de la biodiversidad, el CDB y la Plataforma Intergubernamental Científico-Política de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES) recomiendan la integración de las distintas visiones y sistemas de conocimiento locales e indígenas, aunque poco se ha aplicado debido, en otras razones, a la marginalidad histórica de estos grupos en cuanto toma de decisiones.

Para la segunda mitad del siglo XX aparecieron políticas públicas ambientales, el desarrollo de análisis técnicos sobre el manejo de los recursos naturales, el uso racional de los territorios y la conexión entre la ciencia y las decisiones. Cien años más tarde, los conflictos socioambientales y los derechos colectivos y del medio ambiente caracterizan esta época donde la participación ciudadana en la gestión de la biodiversidad es el reto central para la democracia en las sociedades modernas.

Confluye en este espacio la relación entre la consolidación de la gobernabilidad estatal y la emergencia de la gobernanza ambiental desde las nuevas formas de organización social, con la aparición de movimientos y redes sociales o el posicionamiento de otras alternativas de acceso al conocimiento.

Las anteriores consideraciones proporcionaron los insumos para definir la propuesta del Instituto Humboldt que, desde una perspectiva de gestión del territorio, busca un cambio en el rumbo inconveniente actual del país, en materia ambiental, hacia un tránsito social y ecológico sostenible en medio de una etapa de posacuerdo y la firma de un pacto de paz entre el gobierno nacional y la desmovilizada Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia (FARC).

Los compromisos de dicho tratado exigen por parte de los centros de investigación y autoridades ambientales una interpretación de las dinámicas de los territorios impactados por el conflicto armado interno y su apoyo absoluto a la idea de que los cambios requeridos para (re) construir la economía, consolidar la democracia y alcanzar mejores condiciones de vida con justicia social para los habitantes de estas regiones deben afrontarse a partir de transiciones mediadas por la innegable relación existente entre la humanidad y la naturaleza -un sistema socioecológico- que conduzcan a la sostenibilidad.

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¿Dónde estamos?

Con el fin de abordar las Transiciones Socioecológicas hacia la Sostenibilidad en el territorio colombiano, aquí se presentan, de manera sintética, algunos de los procesos principales que las determinan.

Factores como la crisis agraria, el auge de la economía de zonas productivas, actividades extractivas legales e ilegales en territorios estratégicos dominados por grupos armados al margen de la ley (1950-1980); cultivos ilícitos asociados al conflicto armado interno (1970-1980); la participación del país en la globalización (1990); y la transformación ecológica acelerada de los ecosistemas (2000), implicaron una transformación de la biodiversidad de los territorios.

En este contexto, la gestión de la biodiversidad se inscribe hoy en un complejo panorama institucional. Para lograrlo se han implementado iniciativas como el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap), la delimitación de ecosistemas estratégicos y prácticas de conservación por parte de actores sociales y la empresa privada, siendo las acciones de este último actor de menor amplitud o poco reconocidas.

Se dibuja así un panorama territorial en el cual las metas de conservación de la biodiversidad que se piensan y aplican, deben cubrir todo el territorio sin dejar zonas abiertas a transformaciones sin manejo de biodiversidad.

Las fuerzas económicas, sociales y culturales llevan a identificar un conjunto de dinámicas territoriales, que serán la base descriptiva para proponer el concepto orientador de la gestión de las Transiciones Socioecológicas hacia la Sostenibilidad.

Si quiere más información acerca de esta sección de la publicación, descargue aquí el capítulo completo y consulte las páginas 28 a 39.

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Nota importante: Quienes hagan parte de este proceso de construcción colaborativa, recibirán por parte del Instituto los créditos respectivos bajo la figura de revisores externos .




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1ra transición:
La transformación de las áreas silvestres

Oportunidades

Prestar especial atención, en etapa de posacuerdo, a las áreas silvestres en las fronteras de ocupación campesina en el bosque húmedo tropical para efectos de sustitución de cultivos ilícitos y construcción de infraestructura, de tal suerte que no aumente la ya alarmante deforestación.

Incorporar todas las áreas protegidas del país en el ordenamiento territorial, considerando no solo páramos y humedales, sino, también, otros ecosistemas tales como las sabanas, zonas semiáridas y todo tipo de bosques.

Considerar la gestión comunitaria de áreas forestales, en especial en fronteras de ocupación campesina y aquellas del posacuerdo, como una gran oportunidad para generar bienestar humano asociado con la conservación y restauración de ecosistemas forestales degradados.

Obstáculos

  • Los conflictos socioambientales en torno a los bienes y servicios que ofrece la naturaleza son un claro obstáculo para un tránsito hacia la sostenibilidad. Urge un diálogo entre las distintas visiones del uso y transformación de la biodiversidad con el fin de identificar los umbrales de cambio aceptables y las tareas comunes que lleven a una gestión efectiva.
  • La falta de articulación institucional en los programas de Gobierno, fundamentalmente aquellos dirigidos al desarrollo de infraestructura o extracción de recursos nacionales, pone en riesgo el mantenimiento de las áreas naturales o seminaturales del país. La institucionalidad del país, en pleno, debe ponerse al servicio del desarrollo sostenible, como objetivo nacional.
  • Se requiere incorporar la gestión de áreas silvestres en los procesos de desarrollo urbano y en los indicadores de calidad ambiental. Por otra parte, preocupa el desconocimiento del aporte ancestral desde el punto de vista de sistemas productivos y formas de producción.

En esta sección, solo se destacan algunos de los puntos más relevantes para la discusión. Si quiere más información acerca de esta transición, descargue aquí el capítulo completo.

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2da transición:
La persistencia de territorios anfibios

De los 1.122 municipios de Colombia, 1.100 tienen humedales, y 30 de ellos tienen más del 70 % de su territorio en zonas inundables. En el país, no existen figuras jurídicas suficientes que permitan modalidades de gobernanza, apropiación y manejo adecuado de la biodiversidad por parte de la población humana que habita los llamados territorios anfibios.

Oportunidades

Es imperativo el diseño de paisajes anfibios para mantener y limitar las actividades productivas, logrando una estructura y funcionamiento de los humedales acordes con la conservación de su carácter ecológico y biodiversidad características.

Otro reto prioritario es llevar a cabo procesos de planificación estratégica para el sector hidroeléctrico, de tal manera que la ubicación de los proyectos pueda definirse de acuerdo a los impactos acumulados como resultado de la regulación de los flujos y pulsos del agua, pues de otra manera podría ponerse en riesgo la prestación de servicios que ofrece la naturaleza para el bienestar de las poblaciones aledañas a los proyectos.

Es necesario otorgar derechos de ocupación y uso a poblaciones humanas, incorporados a las estrategias de gobernanza en los istemas de áreas protegidas y por fuera de ellas, ante ausencia de estructuras organizacionales legitimadas para la gestión de los recursos naturales y los espacios en humedales, lo que limita la gestión basada en ecosistemas y comunidades.

Es importante el reconocimiento de la extensa superficie de humedales como una ventaja comparativa instalada para la adaptación al cambio climático, en este caso basada en los ecosistemas y las comunidades. Del mismo modo, reconocer estos hábitats como sumideros de carbono que contribuyen, también y en simultánea, a mitigar los efectos causados por este fenómeno mundial.

Es indispensable revitalizar la política de manejo de humedales interiores del país y extenderla a los estacionales como sabanas inundables, playones y humedales forestales.

Obstáculos

  • La apropiación ilegal e impune de muchos espacios de humedal, un problema de fondo que impide un manejo efectivo por parte de las autoridades ambientales, y debe enfrentarse evitando su titulación como “tierras” mal habidas.
  • No existe una política específica para la gestión social y ecológica de los ríos del país, limitando, en este sentido, una visión integral de los espacios de agua.

*En esta sección, solo se destacan algunos de los puntos más relevantes para la discusión. Si quiere más información acerca de esta transición, descargue aquí el capítulo completo.

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3ra transición:
La creación y administración de “naturalezas protegidas”

Oportunidades

Es vital incluir la figura de Sistemas Regionales de Áreas Protegidas (Sirap) a nivel local y comunitario; así mismo, otras estrategias de conservación in situ de la biodiversidad que contribuyen al aumento de la conectividad y mejoran la adaptación al cambio climático.

Dado que el 90 % de los municipios definidos para el posacuerdo cuentan con parte de su territorio en áreas protegidas, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), planteados en el acuerdo de paz con las Farc-EP, pueden convertirse en instrumentos que permitan establecer actividades de uso sostenible asociadas al (Sirap).

Es esencial formular una estrategia de control territorial y gestión de las áreas protegidas que complemente la figura institucional de administración actual. Es momento de explorar otras posibilidades como concesiones de conservación, comodatos, áreas protegidas a cargo de actores locales y comunitarios o empresariales, etc., que podrían fortalecer los instrumentos existentes y definir de modelos de gobernanza, privados o comunitarios, para los territorios campesinos.

El “catastro multipropósito”, que hace parte de los acuerdos de La Habana, así como las políticas de distribución de tierras pueden ser una oportunidad para la consolidación de la gestión de áreas protegidas. En muchas de ellas se carece de información y registro de los predios existentes.

En cuanto al turismo en áreas protegidas se hace necesario revitalizar una política nacional de uso público de estas zonas. Si bien existen dispositivos legales y esfuerzos para el manejo de los visitantes, en perspectiva del aumento de la demanda por visita, apremia la creación de destinos, generación de beneficios locales y la construcción de infraestructura adecuada tal como albergues, centros de visitantes, senderos, entre otros.

No puede postergarse el reconocimiento a otras estrategias de conservación in situ, y su articulación al ordenamiento territorial; esta posibilidad puede convertirse en la forma de involucrar más activamente a la población en la gestión de la biodiversidad, fortaleciendo las diferentes formas de gobernanza.

Las considerables superficies de tierras manejadas con objetivos de conservación en predios propiedad de empresas que suministran servicios o productos del agro, podrían, previa evaluación, considerarse como aportes privados a los objetivos de conservación nacional.

Es perentoria la creación de alianzas a largo plazo entre los institutos de investigación del Sistema Nacional Ambiental (Sina) y la academia para la investigación y gestión del conocimiento asociado con el manejo de las áreas protegidas. Tenemos aquí una deuda con el país.

Obstáculos

  • Alarma el déficit notorio y creciente en la gestión de la implementación de áreas protegidas; los mecanismos financieros son insuficientes. Si se innovan formas de gobernanza y fuentes de financiación para administrarlas podría suplirse una parte del vacío en el establecimiento de políticas.
  • Inquieta el hecho de que la conservación de las áreas protegidas en Colombia carezca de mecanismos de compensación fiscal para los municipios que las poseen.
  • Debe debatirse la posibilidad de extender exención de impuesto predial, y otros esquemas relacionados con Pagos por Servicios Ambientales, para todas las áreas declaradas como Reservas Privadas de la Sociedad Civil reconocidas en la legislación nacional.
  • Si bien los (Sirap) se han fortalecido como espacios de gestión, estos no se enfocan de manera suficiente en generar procesos de conectividad funcional mediante una adecuada integración de las áreas protegidas en la planeación de los paisajes.
  • En muchos espacios de gestión de las áreas protegidas quedan excluidos los actores locales y los representantes de la sociedad civil, así como los dueños de predios privados, las empresas, las comunidades, etc., por no ser reconocidos como actores del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap).
  • En muchos casos las comunidades se niegan a que sus territorios sean declarados áreas protegidas, y lo anterior obedece a una gran invisibilización de la población rural, por ejemplo en ecosistemas de páramos y de ríos y humedales, que les impide sumar su identidad y aspiraciones a las iniciativas nacionales de conservación.
  • Para enfrentar presencia de poblaciones humanas dentro de las áreas naturales protegidas, Colombia carece de información suficiente al respecto, no existe un catastro completo ni una evaluación del impacto de esta ocupación sobre los objetivos de conservación.

*En esta sección, solo se destacan algunos de los puntos más relevantes para la discusión. Si quiere más información acerca de esta transición, descargue aquí el capítulo completo.

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4ta transición:
La resistencia cultural y el reconocimiento de territorios étnicos y otras colectividades

Oportunidades

La mayoría de las regiones donde están ubicados los territorios colectivos presentan altos valores de biodiversidad, lo que representa una oportunidad para la generación y consolidación de beneficios sociales basados en la naturaleza.

Otra oportunidad que tienen las comunidades y pueblos que habitan estas zonas es el derecho de la consulta previa, un mecanismo importante para evitar deterioros ambientales y culturales en los territorios. No obstante, en algunos casos, estos mecanismos de participación pueden convertirse en parte del conflicto cuando son usados de manera indebida, o simplemente burlada (burlados), por parte todos los actores externos e internos involucrados con los territorios (Estado, particulares, líderes o autoridades comunitarias en ejercicio indebido de su autonomía y de los mecanismos de gobierno propio).

Una enorme oportunidad para hacer conservación desde las poblaciones también se presenta en la gestión de áreas protegidas del Sistema Nacional de Parques Naturales de Colombia (SNPNN), a través de los Regímenes Especiales de Manejo (REM) y la creación de parques por solicitud de las comunidades, hecho que ya ha sucede en extensas zonas del país.

Las lógicas diferenciales de producción y consumo de las comunidades étnicas son otra oportunidad para la gestión de la biodiversidad, a través del fortalecimiento cultural y territorial basado en conocimiento tradicional, ancestral y local.

El capítulo étnico, incluido en el acuerdo final de paz entre las Farc-EP y el Gobierno nacional, es una oportunidad para gestionar el territorio teniendo en cuenta el derecho a la autonomía, autodeterminación y reconocimiento de la función de autoridad ambiental que protege, conserva y usa de manera sostenible la biodiversidad. En este marco, los pueblos étnicos deben ser beneficiarios de las medidas de acceso a tierras sin detrimento de los derechos adquiridos, adjudicación de predios y procedimientos de formalización en la constitución, creación, saneamiento, ampliación, titulación, demarcación, restitución y resolución de conflictos de uso y tenencia de las tierras. Para todos estos casos es evidente que los pueblos étnicos pueden demostrar, desde la práctica, la función ecológica de la propiedad, también que a las formas propias y ancestrales de relacionamiento con el territorio se antepone la no explotación.

Obstáculos

  • Se necesita mayor conocimiento científico sobre la biodiversidad de los territorios colectivos y el reconocimiento de los saberes propios de las comunidades como aporte valioso e indispensable a los sistemas formales de gestión del conocimiento de la biodiversidad.
  • Dos aspectos preocupantes: la pérdida de recursos naturales, o de acceso a ellos, en tierras colectivas de menor tamaño o con influencias externas severas que lleva al aumento de la inseguridad alimentaria de las poblaciones. Y el insuficiente reconocimiento de las formas de vida, como respuestas actuales o potenciales a la adaptación al cambio climático, que sin duda aumenta la vulnerabilidad social y ambiental ante agentes externos.
  • El retraso en la titulación o ampliación de territorios colectivos, o su negación, cuando son áreas de interés económico por parte del Estado, se constituye hoy en uno de los obstáculos para el tránsito del país hacia la sostenibilidad.

*En esta sección, solo se destacan algunos de los puntos más relevantes para la discusión. Si quiere más información acerca de esta transición, descargue aquí el capítulo completo.

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5ta transición:
La conformación y permanencia de los paisajes rurales campesinos

El tránsito de los territorios rurales a la sostenibilidad, asociado con el posacuerdo, puede verse afectado por las dificultades en la implementación de los acuerdos de paz.

Oportunidades

La implementación de la Reforma Rural Integral (RRI) contenida en el punto 1 del Acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc-EP. Allí se incluye la creación de un Fondo de Tierras, el establecimiento de los planes de desarrollo con enfoque territorial, la construcción de planes nacionales para la reducción de la pobreza extrema y el impulso a la seguridad alimentaria implica posibilidades importantes para el ordenamiento ambiental y productivo de amplias zonas del país.

Dado su conocimiento en el uso, manejo y gestión de la biodiversidad, asociaciones, cooperativas, agremiaciones y otras formas organizativas son una oportunidad para la sostenibilidad de los territorios rurales. El fortalecimiento de las formas locales de conocimiento, en un contexto de diálogo de saberes, permitirá integrar a la comunidad científica en su validación formal. Una forma de avanzar en esta tarea es la extensión de las iniciativas emergentes de “ciencia ciudadana” a las comunidades rurales del país.

Para la población del campo, las Zonas de Reserva Campesina se consideran como una oportunidad y, por fuera de ellas, posibilidad de que los campesinos manejen parte de sus territorios bajo figuras de conservación, por ejemplo, a través de la declaración autónoma de Reservas Privadas de la Sociedad Civil o el reconocimiento, por parte del Estado, de áreas protegidas campesinas.

Un aspecto muy importante de la transición hacia la sostenibilidad en territorios rurales campesinos está en la gestión forestal, en el manejo directo de los bosques naturales remanentes, en el enriquecimiento de bosques secundarios o en la gestión directa de procesos de restauración ecológica, que incluyen componentes productivos forestales. Igualmente, sería favorable el desarrollo de figuras de gobernanza forestal comunitaria en casos en que la titulación implique la sustracción de áreas de reserva forestal.

Obstáculos

  • Uno de los principales obstáculos para el tránsito hacia la sostenibilidad es la desigualdad en la propiedad de la tierra y, en especial, su concentración extrema, que son además causa de conflictos en los territorios rurales. A esto se suman otros como el que surge por el desarrollo de grandes industrias en el agro cuando se ven enfrentados a pequeños y medianos propietarios.
  • La formulación e implementación de políticas rurales, que privilegian la agricultura comercial y las actividades agroindustriales sobre la producción familiar, tienen potencial de entrar en conflicto con los territorios rurales campesinos. Es el caso de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres), que aumentan la producción agrícola y, así, tienen el potencial de afectar a los pequeños agricultores y asociaciones campesinas.
  • Gran parte de las políticas en ciencia y tecnología en el agro han sido orientadas hacia los sistemas de producción industrial y comercial. Poco, o insuficiente, ha sido el conocimiento generado para aumentar la eficiencia y sostenibilidad de las formas de producción de pequeños propietarios, sobre todo asociada con el mejoramiento de la calidad de vida, que no debería ser opuesto al aumento de la competitividad económica.

*En esta sección, solo se destacan algunos de los puntos más relevantes para la discusión. Si quiere más información acerca de esta transición, descargue aquí el capítulo completo.

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6ta transición:
La estabilización y reconversión de territorios ganaderos bovinos

El tránsito de los territorios rurales a la sostenibilidad, asociado con el posacuerdo, puede verse afectado por las dificultades en la implementación de los acuerdos de paz.

Oportunidades

La existencia de ganaderías que involucran el uso de diferentes pisos altitudinales en épocas diferentes, y cierto nivel de trashumancia, representa una situación que puede contribuir al manejo adaptativo de la montaña.

EEl potencial para reducir las emisiones, producto de la actividad ganadera bovina, es amplio pues en la actualidad existen tecnologías y prácticas que contribuyen a la disminución en la expulsión de gases de efecto invernadero. La dificultad está en su uso y aplicación ya que no son muy difundidas. Si este tipo de estrategias son incorporadas al sector ganadero podría reducirse entre el 18 y 30 % de las emisiones.

Cabe destacar, como aspecto positivo, que parte del gremio ganadero se comprometió, dentro del Plan de Desarrollo de la Ganadería Colombiana, a convertir cerca de 10 millones de hectáreas hacia programas con manejo de árboles y cambios en las coberturas y uso del suelo.

Obstáculos

  • Por el contrario, preocupa que gran parte de los ganaderos sean propietarios latifundistas, representantes de una cultura en la cual priman el control territorial y el poder local o regional sobre la productividad.
  • En Colombia hay insuficiencia en la operatividad de incentivos, de varios tipos, para acelerar la reconversión ganadera del país hacia una mayor eficiencia social y ambiental.
  • Considerar la ganadería como un problema del “sector ambiental”, y no como una oportunidad en una parte enorme del territorio, lleva a que los conceptos e instrumentos de gestión de la biodiversidad no trasciendan a fondo al Ministerio de Agricultura y a las instancias de investigación e innovación tecnológica para el agro.
  • Es probable que en el escenario de posacuerdo se promueva el fortalecimiento de actividades ganaderas como alternativas económicas, con gran incertidumbre sobre su sostenibilidad, generando altos riesgos para la biodiversidad y los beneficios de la naturaleza.

*En esta sección, solo se destacan algunos de los puntos más relevantes para la discusión. Si quiere más información acerca de esta transición, descargue aquí el capítulo completo.

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7ma transición:
El establecimiento y ampliación de los paisajes agroindustriales

Muy positivo resulta que el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación Agroindustrial Colombiano (Pectia) incluya elementos de gestión de la sostenibilidad para la agroindustria, objetivos estratégicos y líneas de acción en un horizonte de 10 años.

Destacable, además, la incorporación de la gestión de áreas naturales dentro de los emprendimientos agroindustriales a través del concepto de “diseño de paisaje agroindustrial”. Otra gran oportunidad de transición hacia la sostenibilidad se da con la incorporación de estándares de certificación internacionales para los productos de la agroindustria.

Oportunidades

Deben difundirse y replicarse en el país las iniciativas de trabajo entre empresas de agroindustrias y resguardos indígenas con un enfoque inclusivo de sostenibilidad, por su gran potencial de expansión territorial.

Es muy importante hallar formas asociativas para que productores pequeños y medianos puedan sumarse a los grandes emprendimientos agroindustriales. Por otro lado, hay que prestar especial atención a la concentración de propiedad de la tierra por la percepción social negativa que se crea y alimenta frente a la industria del agro, entre otras razones porque restringe el uso que da la sociedad a áreas prestadoras de servicios ecosistémicos al interior de áreas privadas; también porque contribuye a restar legitimidad al desarrollo de la agroindustria basada en grandes inversiones de capital.

Obstáculos

  • Es inconveniente continuar en un esquema de ensayo-error, en el que cada gremio, entidad e inversionista emprende proyectos a su gusto, según intereses particulares y siguiendo señales a veces equivocadas y coyunturales del mercado. Se requiere una planificación estratégica, con enfoque territorial, para el desarrollo de la agroindustria en el país.
  • Intranquiliza la carencia de un sistema de evaluación de impacto ambiental por iniciativas agroindustriales y, en consecuencia, del proceso de gestión ambiental para proyectos de agroindustria, entre otros motivos por la percepción de que los temas agroindustriales no tienen que ver con el sector ambiental.
  • Otro obstáculo hacia la sostenibilidad está en el predominio de tecnologías dirigidas a la maximización de las funciones económicas de las tierras agroindustriales y un relativo atraso de tecnologías y formas de conocimiento dirigidas a la gestión directa de los servicios ecosistémicos dentro de los procesos agroindustriales.
  • Hay que poner la lupa a los sistemas regulatorios, como la Ley Zidres, que no incorporan suficientemente criterios sociales y ecológicos en la promoción de usos de la tierra basados en agroindustria, pues terminarán por repetir los errores ecológicos y sociales que han traído consigo la intensificación del campo.
  • Es urgente introducir un concepto de diseño de paisajes agroindustriales en las zonas que planean transformarse, así como de restauración ecológica en las ya ocupadas, dirigido a recuperar y mantener los bienes de la naturaleza asociados con los procesos ecológicos y la biodiversidad.
  • La presencia, en los mercados internacionales, de actores que demandan altos volúmenes sin que cumplan requerimientos mínimos de salud humana y ambiental, es un desaliento (incentivo perverso) para la gestión de la biodiversidad.
  • Por último, aunque no es un sector aquí señalado, el desarrollo de las industrias forestales comerciales incluye patrones de monocultivo de especies exóticas, lo cual podría beneficiarse igualmente de la incorporación de una gestión de los servicios ecosistémicos y la biodiversidad, afín a la que aquí proponemos para los paisajes agroindustriales.

*En esta sección, solo se destacan algunos de los puntos más relevantes para la discusión. Si quiere más información acerca de esta transición, descargue aquí el capítulo completo.

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8va transición:
Conformación de enclaves y expansión de áreas de desarrollo minero y energético

Oportunidades

Colombia debe consolidar los espacios de valor ambiental a nivel nacional que son objeto de exclusiones –páramos, ciertos humedales–, y tener una idea clara de los impactos locales y acumulativos no controlados en otro tipo de espacios de interés local como los ecosistemas terrestres, ríos o afloramientos kársticos, todos con su biodiversidad característica y beneficios sociales específicos.

Monitorear los procesos de compensaciones, en especial cuando hay restauración ecológica, disciplina que se caracteriza en el país por un sinnúmero de actividades con escaso seguimiento. Este tipo de actividad puede ser una fuente de empleo importante a nivel local.

Contabilizar los impactos positivos de los proyectos, en relación con una línea base de estado del territorio, de manera que se pueda hacer un cierre costo-beneficio de los mismos, en especial, cuando hay proyectos que implican la conservación de algunos espacios, como está ocurriendo en las zonas de influencia directa de algunos embalses y cuencas de captación.

El sector petrolero ha hecho avances en la gestión ambiental, en especial en la exclusión concertada de zonas de exploración-explotación, que llevaron a la creación de algunas áreas protegidas. Estas podrían replicarse en escalas regionales y locales cuando la gestión de la biodiversidad no se pueda mitigar o compensar.

En el sector minero, las propuestas de moratorias y las áreas estratégicas mineras tienen potencial de ser vinculadas efectivamente, con o sin proyectos mineros, a los objetivos de desarrollo sostenible que persigue el país.

El desarrollo del concepto de “río protegido”, que permita concentrar los pasos de la jerarquía de la mitigación, es urgente en afluentes de orden dos o tres en la gran cuenca del Magdalena-Cauca, la de mayor interés hidroenergético en el corto plazo.

Obstáculos

  • En el sector hidroeléctrico no hay una visión integral de los impactos acumulados, en especial sobre la dinámica de los ríos y planos de inundación aguas abajo. Esto no permite un diseño apropiado de acciones de compensación.
  • Aunque el sector hidrogenerador presenta alta resiliencia ante la variabilidad del clima, esto no permite todavía asegurar su papel frente a la adaptación integral, en especial por la falta de un concepto operativo robusto de caudal ecológico adaptativo.
  • Las compensaciones ambientales han sido una expectativa pues su complejidad y dificultades de interpretaciones, limitadas en su aplicación, no permiten una puesta en marcha efectiva y sus impactos esperados. Algunas áreas de desarrollo hidroeléctrico se ubican en unas de las pocas remanencias de bosque seco, en tanto están ubicadas en inmediaciones de los cursos de agua (después de la intervención masiva del territorio, a causa de factores de trasformación).
  • Hay que poner la lupa a los sistemas regulatorios, como la Ley Zidres, que no incorporan suficientemente criterios sociales y ecológicos en la promoción de usos de la tierra basados en agroindustria, pues terminarán por repetir los errores ecológicos y sociales que han traído consigo la intensificación del campo.
  • El aumento de los proyectos de conducción energética lineales llama la atención sobre la necesidad de evolucionar el tema de compensaciones por pérdida de biodiversidad hacia un enfoque en la conectividad estructural y funcional en los ecosistemas.
  • Se requiere una reforma de la regulación vigente referida a la producción y venta de la energía eléctrica, de manera que acelere una transición no dependiente de los combustibles fósiles. Por otro lado, resulta indispensable acelerar transiciones desde lo extractivo hacia el crecimiento verde.
  • En minería formal a gran escala, se requiere un acuerdo en el sector, de manera que se considere explícitamente la prevención y transformación de los conflictos socioambientales en los territorios.
  • Algunos de los proyectos de gran minería operan como enclaves en el territorio, generando un escenario de tensión social en sus entornos. La minería debe comprometerse con la viabilidad y calidad de vida de las comunidades locales, de manera más efectiva.
  • No hay un marco normativo suficiente para acciones de responsabilidad empresarial en los procesos de cierre de minas y, sobre todo, en el manejo de pasivos ambientales a largo plazo.
  • Acerca de la minería asociada con materiales de construcción –gravas, piedra, arenas y calizas–, por su propia naturaleza, se localiza en sitios de especial valor ambiental, lo cual coincide con un alto nivel de desprotección de esos espacios en relación con las políticas de conservación a través de áreas protegidas, generando un riesgo de pérdida de biodiversidad mayor.
  • En cuanto a la pequeña minería, la mayoría opera sin licenciamiento, siendo informal. En ocasiones desencadena problemas de orden público asociado a otras formas de ilegalidad, conformando una minería criminal.
  • No existe una política social suficiente para la gestión de la pequeña minería informal, la precaución de la proliferación de la actividad criminal y el direccionamiento hacia el bienestar de la población local.
  • Por el carácter ilegal o criminal de ciertos tipos de minería, la actividad no tiene ningún estándar ambiental, de tal suerte que sus impactos han escalado produciendo nuevas zonas de deforestación en el país y envenenando ríos y recursos hidrobiológicos, con influencia severa sobre territorios anfibios aguas abajo, constituyéndose así en un tema de seguridad y salud pública de escalas aún no dimensionadas.
  • En exploración y explotación de hidrocarburos, aunque existe una tendencia al aumento de control sobre impactos ambientales, al parecer no sucede así con los sociales, los cuales quedan a merced de la baja gobernabilidad, el conflicto armado, la corrupción y la voluntad misma de las personas para vincularse a estas actividades.
  • Son claramente insuficientes las inversiones relativas a la responsabilidad social de las empresas, las cuales muchas veces se ejecutan de manera tercerizada y no hacen parte del corazón del negocio. Esto es particularmente evidente en la forma como los conflictos entre empresas y comunidades han crecido en las zonas de operación, en especial cuando se trata de exploración no sometida a rigurosos procesos de licenciamiento y en regiones apartadas del país.
  • El licenciamiento y la planificación de manejo se realizan puntualmente para cada proyecto y ello implica que no se tengan en cuenta las sinergias y acumulaciones de impactos sociales y ambientales del conjunto de la industria en cada sector, y con otros sectores productivos, lo que ha disparado los conflictos sociales y ambientales en las regiones petroleras.
  • Una constante en este tipo de proyectos es que no hay evaluación de los impactos, tampoco existe una sobre mínimo integral costo-beneficio de los proyectos en contextos locales específicos, por lo que las comunidades locales denuncian los efectos no contemplados, haciendo que su inserción en los territorios sea cada vez más conflictiva.
  • No hay un concepto de compensación social y ecológica integrada a beneficios en los territorios. Las regalías no demuestran suficientes beneficios y, en cambio, aparecen en la percepción de los actores relacionadas con los bajos niveles de vida en las áreas donde se enclavan, además de la corrupción.
  • El índice de pobreza multidimensional (Dane, 2016) muestra que en gran parte de los municipios donde se desarrollan la minería y la actividad hidrocarburífera existe un Índice de Pobreza Multidimensional superior al promedio nacional, que es de 49 puntos.
  • También existen, aunque en menor intensidad, discusiones constructivas en cuanto a los beneficios sociales, que parecen incuestionables en el nivel nacional pero que en escalas locales no se perciben. En realidad, estos proyectos coinciden con áreas donde la desatención del Estado ha sido histórica y con ello la llegada de los desarrollos se convierte en la fuente más importante para la resolución de los problemas socioeconómicos de la población, agravando la conflictividad social en torno a las expectativas que ellos generan.

*En esta sección, solo se destacan algunos de los puntos más relevantes para la discusión. Si quiere más información acerca de esta transición, descargue aquí el capítulo completo.

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9na transición:
La creación de centros urbanos y su integración en sistemas regionales

La tendencia actual de aumento de la población urbana cambia la percepción de la naturaleza, produciéndose una mayor demanda por espacios verdes, áreas protegidas y, en general, por “naturalidad” en los espacios públicos o abiertos. Esta petición se traduce en políticas que incluyen herramientas con criterios de biodiversidad, entre ellos estructura ecológica urbana, infraestructura verde, parques lineales, espacio público y antejardines, que evidencian una tendencia y demanda temática por ciudades verdes.

Oportunidades

Una oportunidad más para la sostenibilidad del país está en la existencia de un enorme espacio de promoción de la infraestructura verde asociada con desarrollo urbano, con potencial de impactar ciudades intermedias y centros urbanos en acelerado crecimiento a través de su inclusión como componente de los índices de calidad urbana.

En lo posible se debe hacer una revisión del concepto de compensación por pérdida de biodiversidad, cuando se desarrollen proyectos urbanos y lineales, para dar cuenta de impactos ambientales acumulados; esto permitiría acoger y potenciar oportunidades de gestión ambiental territorial asociadas con ambientes urbanos y construidos.

La creación y el reconocimiento legal de las áreas protegidas urbanas municipales y regionales tiene gran potencial de expandir la conservación y restauración de la biodiversidad, generando beneficios tangibles a grupos poblaciones mayores.

Los ambientes urbanos tienen especial potencial en la incorporación en la educación de programas sobre el territorio (geografía e historia) y de creación de conciencia pública sobre los problemas y oportunidades en la gestión ambiental.

Obstáculos

  • Existe un desconocimiento generalizado de la importancia de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en las ciudades, por lo que el reto principal es posicionarlos en la agenda urbana y urbana-regional.
  • La información acerca de biodiversidad en las ciudades es limitada, aunque creciente, y no se ha reconocido su importancia para la toma de decisiones. Es urgente consolidar información multiescala sobre los ambientes urbanos, con criterios sociales y ecológicos, que permitan incidir en la planificación urbana y regional.
  • La gran heterogeneidad social y ecológica de las ciudades colombianas genera la dificultad de contar con modelos estándar fácilmente replicables, referentes a la gestión de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.
  • La diversidad de relaciones entre ciudades y sus diferentes ecosistemas no se expresa ni se reconoce en la visión de desarrollo de las urbes, que actualmente son muy similares pues están limitadas y siguen sin reconocer la biodiversidad como eje fundamental para las decisiones de su territorio.
  • Las figuras para la declaración y gestión de áreas protegidas urbanas existentes son insuficientes y hay vacíos legales para que las autoridades ambientales las puedan declarar como parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap) y registrarlas en el (Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (Runap).
  • Las consideraciones ambientales en las ciudades usualmente se centran a los temas abióticos medibles y no reconocen la biodiversidad urbana y los beneficios de la naturaleza. Es importante ampliar las baterías de indicadores de calidad urbana a los espacios regionales, incluyendo la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, así como la apropiación social de los mismos.
  • Algunas áreas protegidas de carácter regional o nacional vienen siendo afectadas por procesos de urbanización en sus entornos. Es el caso de los parques nacionales Tayrona, Iguaque o Farallones de Cali, en los que aumenta la demanda por visitas cuando hay carencia de espacios verdes urbanos, cambiándose las relaciones con sus entornos. No existe una categoría de manejo tal como “área de amortiguación urbana” para estas áreas protegidas.
  • El reconocimiento de atributos de la biodiversidad (silvestre y manejada) en los entornos urbanos es lento. Predominan los procesos de artificialización –especialmente en sistemas acuáticos y anfibios–, aunque hay importantes iniciativas de renaturalización.

*En esta sección, solo se destacan algunos de los puntos más relevantes para la discusión. Si quiere más información acerca de esta transición, descargue aquí el capítulo completo.

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10ma transición:
La degradación de la tierra y la necesidad urgente de hacer rehabilitación y restauración ecológicas.

Oportunidades

El avance del conocimiento científico de la restauración ecológica, como parte de la respuesta necesaria al proceso de degradación, existe ampliamente en Colombia, asimismo múltiples experiencias que, debidamente evaluadas y monitoreadas, permitirían el escalamiento hacia espacios con mayores impactos.

El país asumió diferentes rutas de restauración, consignadas en el Plan Nacional de Restauración desarrollado por el MADS. En dicha propuesta, se consideran la rehabilitación y la recuperación como respuestas a escenarios medios y avanzados de degradación natural.

La inclusión de la restauración ecológica dentro de las opciones de compensaciones por pérdida de biodiversidad genera espacios de oportunidad para avanzar y eventualmente consolidar rutas de recuperación de los ecosistemas naturales y seminaturales.

El abandono de amplios territorios rurales, y el desplazamiento de poblaciones hacia los centros urbanos, ha generado ya situaciones en las cuales los ecosistemas naturales se han venido regenerando. Estos espacios son un modelo para monitorear la incidencia de los procesos de restauración ecológica asistida, frente a la dinámica de los ecosistemas naturales.

La renovación de las políticas de ocupación y uso del territorio rural presenta una gran oportunidad para combinar la recuperación o rehabilitación de suelos y tierras, con la restauración de ecosistemas. Esto, integrando la conservación y restauración de la estructura ecológica principal con las matrices productivas en los territorios rurales del país.

Obstáculos

  • La restauración ecológica es además de indispensable, costosa y los resultados son visibles a largo plazo. Sin embargo, debe considerarse que una transición de zonas degradadas a restauradas requiere de un esfuerzo sostenido y constante en el tiempo, lo cual no siempre está disponible en las agendas y planes de gestión, enmarcados en tiempos y ritmos políticos y electorales.
  • La comunidad científica ha resaltado que la restauración ecológica, tal como se está dando en Colombia, representa un conjunto amplio de casos heterogéneos que carecen de suficiente monitoreo, de tal suerte que no se puede establecer un concepto mínimo sobre su eficiencia y eficacia.
  • Muchos procesos de licenciamiento ambiental contienen ya requerimientos sobre restauración ecológica. Sin embargo, los mismos se hacen por medio de contratos de consultoría o suministro de servicios con paquetes de intervención de plantación de árboles y fragmentados. No se evidencia una adecuada gestión del conocimiento, que permita generar aprendizajes a partir las experiencias.

*En esta sección, solo se destacan algunos de los puntos más relevantes para la discusión. Si quiere más información acerca de esta transición, descargue aquí el capítulo completo.

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Estudios de caso

¿Cómo se puede ver reflejado en el territorio la apuesta metodológica que aquí se presenta? A través de dos casos de estudio, se pueden analizar algunos de los elementos propuestos a lo largo de las páginas que componen las Transiciones Socioecológicas hacia la Sostenibilidad, enfocados en las claves de la transición hacia escenarios de sostenibilidad en la alta montaña.

A pesar de los innumerables esfuerzos que desde el sector ambiental se han dado en materia de política pública, con el interés de conservar los ecosistemas presentes en la alta montaña colombiana –debido a su carácter estratégico en la provisión de beneficios ambientales a la sociedad– aún no se han logrado resolver los profundos conflictos territoriales allí presentes; algunos derivados del avance de la frontera agrícola, la minería y la siembra de plantaciones forestales con especies exóticas.

Sobre las actividades agropecuarias, en particular, se ha generado una tensión entre comunidades y la institucionalidad, propia de la aplicación de marcos normativos basada en la segregación de las relaciones entre la conservación y el uso agroproductivo en territorios de alta montaña. Para afrontar dicho reto se hace necesario comprender las relaciones entre los sistemas ecológicos y sociales que atraviesan los medios de vida de las poblaciones allí presentes, de manera que se valoren el aporte del uso sostenible a la preservación de las áreas ya intervenidas y la generación de beneficios ambientales en estos contextos; también se debe plantear un cambio significativo en el modelo de gestión hasta ahora aplicado. En últimas, el reto de la gestión adaptativa y el manejo integral de los territorios de alta montaña es generar ventanas de oportunidad para transitar progresivamente hacia escenarios de sostenibilidad no explorados antes.

Conozca las historias de:

  • La Corporación Ecoturística Comunitaria Chingaza
    Esta iniciativa se desarrolla principalmente en la región del Parque Nacional Natural (PNN) Chingaza, en el Complejo Biogeográfico del páramo de Chingaza y jurisdicción de los departamentos Cundinamarca y Meta. La región forma parte de los municipios de Guasca, Junín, Gachalá, Medina, Restrepo, Cumaral, El Calvario, San Juanito, Fómeque, Choachí y La Calera y es un territorio fundamental para el aporte de aguas para la ciudad de Bogotá, la misma sabana de Bogotá y la región del piedemonte, principalmente entre Villavicencio y Restrepo (ambos en el Meta).

    El proyecto involucró al PNN Chingaza, junto con un grupo de organizaciones interesadas en el turismo de naturaleza, en virtud de las condiciones y oportunidades que la región ofrece. Muestra una ruta –en su génesis– que permite vislumbrar una opción sostenible y con posibilidades para obtener ingresos económicos para algunos grupos comunitarios que habitan esta región altoandina. Aunque aún quedan varios retos por superar, se perfila como una iniciativa que, en sus condiciones organizacionales y por el impacto regional, puede ser modelo para otras regiones, teniendo en cuenta las condiciones específicas de cada territorio y su contexto.

  • Familia de la Tierra
    En los fuertemente transformados territorios altoandinos del centro oriente colombiano, se desarrolla la iniciativa Familia de la Tierra, que aporta en concepción, desarrollo y operación de una propuesta participativa de uso, producción sostenible y rentabilidad en zonas agropecuarias altoandinas. Aunque la iniciativa inició y se desarrolla principalmente en la zona de la cuenca alta del río Teusacá, en la región del páramo de Cruz Verde, se está expandiendo actualmente a zonas del páramo de Guerrero, en el municipio de San Cayetano, y en el páramo de Sumapaz, en la localidad 20 del Distrito Capital.

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