• La Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), levantó parcialmente la prohibición para el comercio del caimán aguja o caretabla (Crocodylus acutus), en el Distrito de Manejo Integrado (DMI) de los manglares de la bahía de Cispatá, Tinajoes, La Balsa y sectores aledaños, en el departamento de Córdoba.
• La decisión fue tomada, según lo indica la resolución de la Dirección de Bosques, luego de estudios realizados a la especie en la bahía de Cispatá, que demostraron que sus poblaciones recuperaron el equilibrio y existe para ellas un manejo sostenible que garantiza su permanencia a largo plazo.
• En 2002, acutus entró a la categoría Peligro Crítico (CR) por su alta probabilidad de extinción; sin embargo, y gracias a medidas de conservación implementadas, fue declarado En Peligro (EN) según el Libro rojo de reptiles (2015), y ratificado por el MADS en 2017.

Según la Resolución, el levantamiento parcial de la veda a la población de caimán aguja será exclusivo y restringido a sus huevos y dentro del DMI de la bahía de Cispatá. La cosecha se permitirá únicamente a los grupos de comunidades locales de la zona, autorizados por la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS) y en el Plan de Manejo Específico, y quedará restringida a particulares o entidades.

Esta medida permitirá la recolección de huevos del nido silvestre solo entre enero y abril en zonas georreferenciadas, previa autorización, los cuales serán llevados a incubación controlada en las instalaciones de la CVS para el manejo de neonatos y juveniles, con el fin de obtener una proporción de individuos de ambos sexos para repoblación en el medio silvestre, así como un porcentaje para aprovechamiento de las pieles por parte de las comunidades y su posterior comercialización internacional.

Entre los compromisos que trae consigo el levantamiento de la veda está la realización de un seguimiento y monitoreo a las poblaciones de caimanes (por parte de la CVS en conjunto con las comunidades), según las condiciones identificadas y acordadas entre la corporación, el MADS y los institutos de investigación. Además, los lineamientos del Plan de Manejo Específico (PME), y las directrices y salvaguardas internacionales de acuerdo con lo estipulado por el Convenio Sobre Comercio Internacional de Fauna y Flora Silvestres.

Los resultados obtenidos serán revisados y avalados por el MADS (autoridad administrativa CITES), y los institutos de investigación (como autoridades científicas del Convenio), quienes determinarán si los volúmenes de extracción no ponen en riesgo la supervivencia de la especie.

 
El calvario de ser un caretabla

Históricamente, la veda para captura de ejemplares fue establecida en 1968 por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y un año después emitida por el hoy desaparecido INDERENA, debido a que se llevaba más de 37 años de caza masiva con fines comerciales, con cerca de 2 millones de pieles en mercados internacionales, lo que redujo drásticamente las poblaciones y destruyó su hábitat natural.

Hacia 1980, el caimán aguja o caretabla ingresó al Apéndice I de CITES, el más restrictivo de los tres que existen, dadas las altas probabilidades de extinción por la comercialización ilegal de su piel, catalogada como “muy fina” y “de lujo”, codiciada en mercados internacionales, principalmente, y utilizada en la marroquinería.

El censo nacional realizado a Crocodylus (1994-1997) determinó un total de 6 individuos existentes para toda la bahía de Cispatá, y poblaciones no mayores a 11 ejemplares en 70 puntos geográficos del país, con menos de 250 en edad madura en su totalidad.


De cazadores a custodios

Posteriormente, el uso sostenible de la población de caimanes aguja se autorizó tras más de 15 años ininterrumpidos de procesos de investigación y conservación por parte de comunidades de Cispatá (con acompañamiento de la CVS), antes dedicadas a la caza del animal y hoy agremiadas en Asocaimán bajo el modelo de Distrito de Manejo Integrado adscrito al sistema nacional y regional de áreas protegidas.

La implementación de un Plan de Manejo Específico, con la participación de pescadores, mangleros y caimaneros de la zona, contempló la recuperación de la especie de caimanes con censo y monitoreo de las poblaciones silvestres y manejo de su hábitat, esto aunado a estrategias para la conservación, como programas de educación y divulgación, apoyo al desarrollo comunitario, entre otras.

La bahía de Cispatá es una de las áreas de manglares mejor estudiada, representativa y extensa (11.513 hectáreas, de las cuales 1436 sirven de hábitat a los caimanes) de Córdoba, y una de las zonas naturales más importantes del país por su importancia ecológica y biodiversidad.

Como resultados del seguimiento y estado actual de las poblaciones, entre 2002 y 2017 se registraron 1831 avistamientos de Crocodylus acutus, con un promedio de 86,3 de individuos por año. Entre 2003 y 2017 se recolectaron 21.077 huevos para una media anual de 1480.

Por otra parte, en 2017 hubo incremento de individuos de acutus en un 250 %, pasando de 50 en 2003 a 121. El aumento obedeció al programa de liberación puesto en marcha en la última década, alcanzando 11.788 especímenes.

Dicha recuperación de poblaciones del caimán aguja, permanente y sostenida, en el Distrito de Manejo Integrado (DMI) de los manglares de la bahía de Cispatá trajo como resultado la aprobación de la Conferencia de las Partes de CITES y el levantamiento de la prohibición de comercialización, beneficiando a las comunidades comprometidas de la zona, que dependen del uso sostenible de fauna y flora para su pervivencia.

El uso de este reptil se enmarca en otras directrices de CITES que buscan beneficiar a las comunidades locales más vulnerables y fortalecer los medios de vida del lugar.

Esta decisión, también es resultado de un esfuerzo colaborativo y articulado que durante años han realizado la Dirección de Bosques del Ministerio de Medio ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS); la Corporación Autónoma Regional CVS; comunidades y expertos locales; las autoridades científicas designadas por el Gobierno nacional ante CITES: el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi), el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia (ICN) y el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar), el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP), coordinado por el  Instituto Humboldt; y el apoyo de las oficinas de Asuntos Internacionales y Cancillería.